España. Carlos Díaz Güell es editor de Tendencias del Dinero, innovaspain.com y
consultor de comunicación empresarial.- A finales de septiembre de 2012,
el Consejo de Administración de Antena 3 comunicaba públicamente la
aceptación de las condiciones establecidas por el Consejo de Ministros,
relativo a su fusión con La Sexta, con lo que se cerraba un nuevo
capítulo –quizás el último- de un proceso errático que originariamente
tuvo como objetivo "oficial" abrir el mundo de la televisión al
pluralismo y que ha terminado convirtiendo al sector en cosa de unos
pocos con todos los medios a su disposición para ahogar a la poca
competencia que existe.
Para llegar a ese status quo, se han cambiado leyes, promulgado
decretos, desautorizado a la Comisión Nacional de la Competencia y
desperdiciado una ocasión de oro para dar un salto tecnológico que podía
haber insuflado cierto aire a una maltrecha economía altamente
dependiente de la colocación de ladrillos.
Han pasado trece años desde que el gobierno de Aznar decidiera
introducir la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España, repartiendo
licencias de emisión a troche y moche o lo que es lo mismo a cada una de
las cadenas existentes, públicas y privadas, además de otorgar tres
múltiplex y medio el lanzamiento de una plataforma comercial que comenzó
sus emisiones oficiales en mayo de 2000 bajo el nombre de Quiero TV.
Además, el gobierno sacaba a concurso dos concesiones exclusivamente
digitales, recayendo estas en Veo Televisión, perteneciente a Unidad
Editorial, y en la Sociedad Gestora de Televisión Net TV, participada en
un 55% por Vocento, un 25% por Intereconomía Corporación y un 20% por
Walt Disney.
Por último, en un frenesí de concesiones, el gobierno decidía otorgar
a cada comunidad autónoma un múltiplex para sus canales públicos y
posibles concesiones privadas. La Generalidad de Cataluña obtuvo la
gestión completa del múltiplex catalán, mientras que la Comunidad de
Madrid obtenía medio múltiplex, cuya concesión, tras un concurso
público, recaía en Onda 6 y Quiero TV para su emisión en abierto.
El reparto de licencias digitales, por último, trajo consigo la
primera generación de cadenas autonómicas privadas, algunas de ellas,
eran locales con anterioridad y otras de nueva generación.
El dislate, según las pocas estimaciones realizadas, alcanzaba
niveles inconmensurables como lo refleja el hecho de que el número de
canales locales y autonómicos que han llegado a existir en España ha
alcanzado los 380, a los que habría que sumar los cinco canales de RTVE y
los 24 de las operadoras privadas.
La llegada del gobierno presidido por Rodríguez Zapatero provocaba un
nuevo paso en este carrusel de concesiones y aprovechando la
desaparición de Quiero TV, las normativas previstas y el relanzamiento
de la TDT, permitiendo a Prisa TV, propietaria de Canal+, abrir su canal
sin límite de tiempo bajo el nombre de Cuatro, provocando la
desaparición del "plus" analógico, que pasaría a emitir en exclusiva en
Digital+ o Canal Satélite Digital.
Mientras el resto de Europa se lo tomaban con calma y planificaban el
lanzamiento de sus respectivas TDT con exquisita meticulosidad, el
gobierno español abría sin matices el melón de las concesiones,
realizando un último concurso público que incluía emisión analógica en
parte del territorio español hasta el apagón analógico, así como un
múltiplex en TDT, que hasta el apagón y de manera provisional, solo
podrían emitir dos señales.
El proceso, no exento de polémica, se dio por finalizado con la
adjudicación de una licencia a Gestora de Inversiones Audiovisuales La
Sexta.
La concesión de estas dos licencias en analógico (Cuatro y La Sexta),
tuvo la virtualidad de multiplicar por dos la competencia por una
publicidad que menguó con la crisis e impidió que ninguno de los dos
canales pudiera sobrevivir sin ser absorbido finalmente por uno de los
dos grandes operadores de la televisión privada en España, Mediaset y
Antena 3.
España se incorporaba así al mundo de la TDT que, según la propaganda
oficial, nos iba a traer toda clase de bondades y de avances
tecnológicos y que iba a conformar las base de un sector de las
telecomunicaciones que situaría a España entre la creme de la creme de
los países desarrollados: televisión a la carta, televisión inteligente e
interactiva, alta definición, etc.
Lo más provocador de la cuestión es que los responsables políticos
que diseñaron esta fracasada estrategia, jamás reconocieron errores y
los actuales utilizan una terminología cuya ambigüedad, no por
consabida, deja de sonrojar, culpando de todo ello al dividendo digital y
argumentando que este es una imposición de Europa. Nada más lejos de
la realidad; no es una imposición, sino un proceso conocido desde hace
años y que fue ignorado por las autoridades españolas, lo que convirtió
el apagón analógico español en un esperpento tipical Spanish, muy
alejado de lo que ocurría en Europa que elegía un camino muy distinto,
optando por la racionalidad de las tecnologías en su aplicación al
ámbito más propicio.
La oportunidad perdida
La realidad fue muy distinta y el tiempo ha demostrado que desde el
despliegue territorial -que ha resultado un tremendo y caro error que
podría haberse evitado- hasta la prometida HD, todas las bondades que
nos vendieron han resultado un fracaso que se ha cubierto con cientos de
millones de euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del
que nadie se ha responsabilizado hasta ahora, como viene siendo un
hábito en España.
Cuando se produce el apagón analógico y la puesta en marcha de la
TDT en abril de 2010, los problemas que se detectan no auguran nada
bueno, dado que en sus orígenes y en casi el 30% de los hogares
españoles, la señal digital se recibe deficientemente y en muchas áreas
urbanas y rurales, ni siquiera se ve. Era el canon que se tuvo que pagar
por utilizar la vieja estructura de transmisión terrestre de señal que
usaba la televisión analógica aunque ahora ya digital (interferencias
entre repetidores, variables condiciones de propagación en función de la
climatología que provocan pixelaciones o anulaciones de señal, etc.) y
despreciar el satélite.
Y todo ello con un futuro incierto para la TDT que empezaba a perder
millones de usuarios en Europa en favor de otras fórmulas televisivas
como el cable, el acceso IP o el satélite. Este último, mostraba su
poderío e idoneidad y más de 83 millones de ciudadanos accedían a
contenidos de televisión desde sus antenas, mientras que más de 16
millones de usuarios accedían a contenidos de pago a través de su
conexión de banda ancha, mientras la televisión por cable alcanzaba los
70 millones de acceso en imparable proceso de crecimiento, cifras todas
ellas que ponían de manifiesto el retraso de España en esta materia. En
definitiva y como viene ocurriendo en España desde casi siempre, la
cuestión está en los intereses creados, que son muchos y poderosos. En
este caso, incluso, algunas decisiones las llegó a tomar algún gobierno
autonómico en la medida en que nunca como en este caso, los intereses
políticos y empresariales habían llegado a una unión espiritual tan
elevada.
Como todo lo mal hecho, el diseño se hizo con trazo grueso y
despreciando detalles y así, los "estrategas" de la TDT se olvidaron –o
quizá, no- de dibujar en la hoja de ruta la llegada al mercado de la
anunciada telefonía 4G –telefonía de cuarta generación- que llegaría a
España ocupando las frecuencias de la TDT y que obligaría a los
operadores a renunciar a parte de sus canales y dejar libre las
frecuencias necesarias para su implantación, según norma de la Unión
Europea. La caja registradora tenía que volver a apuntar un gasto
considerable, esta vez de cerca de 800 millones de euros, cantidad
inicialmente prevista para implementar el dividendo digital y que
provendría de las subastas de las frecuencias para 4G, y que finalmente
fue destinado a reducir el déficit por parte de Rodriguez Zapatero, con
lo cual todo el coste de los cambios de antenas, sistemas de recepción
etc. Pasaría a correr a cargo de los ciudadanos.
En definitiva, todo un ejercicio de improvisación que nos ha salido
especialmente caro y cuyo final ha sido una vuelta a los orígenes sin
que hasta el momento se haya aportado mayor valor al existente
originariamente cuando el mundo analógico presidía nuestras vidas.
Fue el 12 de diciembre de 2005, día en que la televisión digital
terrestre se hacía realidad en España por orden directa del entonces
presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, enterrando la televisión
analógica que había estado presente en los hogares españoles desde el 28
de octubre de 1956, cuando comenzaron las emisiones de TVE por VHF con
un parque de televisores que no superaba los 300 y un tiempo de emisión
de tan solo de 3 horas al día.
Las autoridades se encargaban de enfatizar que en breve tiempo
estaríamos haciendo las compras a través de la tele, accediendo a
nuestro correo electrónico en pantalla y un sinfín de aplicaciones que
pondrían a los españoles en lo más alto de escala evolutiva del homo
TIC. Pero también arrancaba una nueva era de gran pluralidad
informativa, de oferta de contenidos de calidad...de todo lo que el
ciudadano de una gran potencia económica podía aspirar. ¡Todo aire!
Eran años de vino y rosas sin que nadie supiera o quisiera prever la
llegada de la crisis económica que, a la postre, fue la causa de que la
multiplicidad de canales y operadores provocara en un grave problema de
financiación que obligaba a estos a rellenar los canales como
buenamente podían, olvidándose de interactividades o de HD. Así, lo que
tenía que ser una televisión rica, plural y más democrática, se
acabaría convirtiendo en un duopolio que se extiende también al mercado
publicitario, preconizando algo que en ningún caso puede ser bueno.
La historia de la implantación de la TDT española pasará a los libros
como una etapa negra de la evolución tecnológica española, plagada de
falta de transparencia, rigor y eficiencia, en donde muchos de los
expertos convienen en señalar que se han encadenado decisiones con
escaso sentido y errores especialmente caros. En ese escenario, hay que
situar la etapa del dividendo digital, según la cual el espacio
radioeléctrico es utilizado por los canales de TDT, pero también por los
operadores de telecomunicaciones que deben aprovechar parte de las
frecuencias para ofrecer servicios de movilidad y datos. Los mismos
usuarios que disfrutan de la TDT, quieren disponer de los mejores
servicios para sus smartphones y otros dispositivos móviles. Sin
embargo, no todo cabe en ese mundo y la TDT se ve cada vez más
amenazada. Las demandas de espacio para estos últimos servicios crecen a
un ritmo exponencial, y las empresas del sector han venido denunciando
que ningún dividendo digital será suficiente. A ese punto de esperpento
se ha llegado sin que nadie de la Administración parezca dispuesto a
considerar un alto en el camino para reflexionar sobre el futuro de la
televisión.
Llegó el momento incluso en que el gobierno reguló la obligatoriedad
de disponer de receptores TDT HD en todos los televisores de más de 21
pulgadas con el objetivo de potenciar la Alta Definición en el nuevo
sistema. Ahora podemos, incluso, encontrarnos con un escenario en el que
la HD quede reducida reducida a un pequeño y discreto número de canales
de mediocre calidad.
Y no es que a las cadenas no les interese emitir en una Alta
Definición real –las actuales emisiones vendidas como tales son
ridículas- sino que no hay espacio para ello. La producción HD se ha
abaratado y la renovación del parque de televisores ya es imparable e
integran de fábrica este avance pero, ¿para qué? Pocos ciudadanos pueden
disfrutarlo.
En el caso de la televisión, es fundamental volver a hablar del
satélite, del cable o del ADSL; de una apuesta por los entornos
híbridos, en los que cada tecnología juegue sus mejores cartas dado el
crecimiento de la Alta Definición y el 3D en los hogares. Quienes han
visitado la última IFA de Berlín, pudieron comprobar la evolución
espectacular en este sector, cuyo próximo paso –dos años pasan volando-
será la Ultra HD (4k) que multiplica por cuatro las capacidades de la
HD actual.
Vender humo
Hay, incluso, quien pone en duda que el actual gobierno sepa qué
hacer con la TDT, o mejor dicho, ninguna de las alternativas a la vista
para gestionar el futuro de la TDT parecen contar con el consenso
suficiente de todos los implicados. El dividendo digital se ha
convertido en el gran obstáculo para el desarrollo de la TDT, pero no es
el único. La apuesta por la TDT, en la que España quiso ser pionera, va
camino de confirmarse como un auténtico fiasco y sobre todo un pozo sin
fondo que lleva digeridas ingentes cantidades de euros. Para más inri,
los reajustes del espectro radioeléctrico español no terminarán con el
primer dividendo digital, sino que ya está previsto un segundo proceso
que implicará el progresivo arrinconamiento de la TDT en la franja
actual. No se puede poner freno a los servicios de movilidad y para la
televisión no hay margen para crecer.
La bola va ganando tamaño. Al caos del espectro radioeléctrico y a la
necesidad de reordenarlo, hay que unir la recesión económica que España
sufre con especial intensidad y, consecuentemente, la crisis
publicitaria amenaza con agotar las nunca solidas finanzas de los
operadores. Una reconversión urgente se hace necesaria y los operadores
privados saben muy bien que palillos tocar para que el gobierno de
turno legisle en dirección contraria a como lo hizo unos años antes.
Pero bajo ningún concepto los grandes operadores parecen dispuestos a
reducir canales, ya que el subarriendo de los mismo, aunque dudosamente
legal, es un nicho de negocio de los operadores que no están dispuesto a
desperdiciar.
Aunque no hay unanimidad entre los expertos, Rafael Díaz Arias de la
Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, no duda en calificar
de "auténtico desastre y de oportunidad tecnológica perdida" la
experiencia de la TDT en España: "Hemos llegado a un despropósito que
tiene difícil arreglo. No ha habido planificación, no necesitamos tantos
canales, los poderes autonómicos han dado sus concesiones a los
amiguetes y ahora asistimos al estallido de una burbuja"
No parece faltarle la razón al profesor universitario. Tras siete
años de apagón analógico o encendido digital, y con el inmenso coste
que ha supuesto el despliegue técnico de las televisiones, muchos
piensan que todo ello no ha valido para casi nada, salvo para satisfacer
el ego de algún político que quería aparecer en los primeros puestos de
la clase de los listos europeos en implantar la TDT. ¡Eran tiempos en
que el dinero público sobraba!
Aún hoy, muchos se preguntan si en algún momento se ha estudiado el
mercado de la televisión en España con objeto de conocer cuántos
canales tienen cabida realmente en nuestro país o sí merecería la pena
preguntar al espectador su opinión sobre su panorama televisivo. "Nadie
repara en que, cada vez más, los espectadores de televisión somos más
proactivos, consumimos a medida (prosumers), no tenemos costumbre de
pagar por el consumo televisivo y sólo tenemos diez dedos: los diez
canales que como mucho estamos dispuestos a cambiar en el mando de
televisión". En definitiva, poner orden en el sector.
Ahora que hay escasez de espectro, todos convienen en señalar que es
el momento de poner orden en un sector que ha campado por sus respetos y
de cerrar emisoras ilegales, ya que lo que no va a ser posible es
aumentar la pluralidad informativa que tras las fusiones queda muy
menguada, aunque en sus orígenes fue el canto de sirenas con que todos
–operadores y gobierno- trataron de vender a la sociedad española.
Porque lo que nadie niega es que la TDT ha traído a España más
canales que contenidos, hasta el extremo de que la hiperabundancia ha
propiciado que muchas licencias de orden menor se devuelvan y que grupos
nacionales procedan a subarrendar frecuencias.
El gobierno, sin embargo, no está para florituras y se conforma con
negociar con los operadores privados el realojo sus frecuencias en el
espectro radioeléctrico, ya que la asignación de más espacio a la
telefonía móvil (en parte, para la tecnología 4G) obliga a liberar
frecuencias hoy ocupadas por las televisiones digitales terrestres. El
coste de todo ello pocos dudan que será soportado, una vez más, por los
consumidores, a pesar de que la subasta de las frecuencias, que
finalmente se llevaron Telefónica, Vodafone y Orange a finales de 2011,
reportó 1.305 millones de euros a las arcas del Estado.
Con este maremágnum instalado en el escenario radioeléctrico y con
unos operadores muy debilitados por la profunda crisis publicitaria que
ha hecho mella en sus cuentas de resultados, el gobierno entendía que
algo debía hacer y en un alarde imaginación decidió decir "diego" donde
antes había dicho "digo".
Por eso, en febrero de 2009 el Consejo de Ministros aprobaba un Real
Decreto de medidas urgentes para liberalizar el sector de la televisión
sin esperar a la Ley General Audiovisual que se encontraba en su fase
final de tramitación. Era la segunda vez que el gobierno regulaba por la
vía de urgencia el sector televisivo.
El nuevo R.D. suprimía el límite vigente hasta entonces del 5% en las
participaciones cruzadas entre compañías, siempre que la audiencia
media acumulada de los operadores no superara el 27% de audiencia total y
siempre que se garantizara la existencia, como mínimo, de tres
compañías privadas de ámbito estatal con dirección editorial distinta.
Una cuestión de connivencia
La justificación ofrecida por la entonces vicepresidenta del
Gobierno, Fernández de la Vega, se basó en la necesidad de "fortalecer
financieramente a las empresas de televisión, afectadas por el descenso
de publicidad y permitir así su capitalización y las sinergias".
El duopolio televisivo privado estaba servido, mientras que en el
sector se ponía nombre a la nueva norma como la "Ley Lara". Gracias a
que el gobierno decidía eliminar las restricciones para la
concentración en el sector audiovisual, levantadas en su día para
asegurar el pluralismo y cuestionadas ahora por la crisis del sector, se
abría la puerta para que las cadenas de televisión privadas pudieran
tener accionistas comunes e incluso fusionarse mientras quedaran al
menos tres de ámbito estatal de las seis existentes entontes: Antena
3,Telecinco, Cuatro, La Sexta, Veo y Net TV.
No contentos con el regalo del Consejo de Ministros, la Unión de
Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) se atrevía pedir la supresión
total de la publicidad en las televisiones públicas.
Meses antes a la promulgación del R.D., a mediados de 2009, el
gobierno de Rodríguez Zapatero había suprimido totalmente la publicidad
en TVE, lo que supuso que 2010 trajera un crecimiento de la inversión
publicitaria a los operadores privados ya que el dinero disponible para
TVE se desviaba fácilmente hacia las cadenas privadas. La supresión
publicitaria a la televisión pública convertía a Telecinco y Antena 3
en dos de las compañías de televisión más rentables de Europa, cosa que
cambio al año siguiente cuando la recesión económica volvió a escena
aunque, pese a la fuerte caída de las inversiones publicitarias,
siguieron ganando mucho más dinero que la mayoría de las empresas
españolas.
Los analistas enfatizan que en aquellos momentos el grupo Prisa
atravesaba una situación delicada, con el cierre de Localia en noviembre
de 2008, la venta del 25% de Santillana o la compra del 21% de Digital
+ por parte de Telefónica en noviembre de 2009 por 470 millones de
euros. Para sanear las cuentas del conglomerado mediático, otra de las
opciones barajadas era la fusión de su canal generalista, Cuatro, débil
al encontrarse inmerso en un mercado copado por Telecinco y Antena 3,
además de TVE. Con esta fusión o venta, PRISA hacia un gran negocio y se
embolsaba cerca de 600 millones de euros.
A finales del 2010 se produce la primera fusión de cadenas privadas
de televisión creándose el mayor operador audiovisual de España, tras la
unión de Telecinco y Cuatro (Mediaset y Prisa) y, lo que obligaba a
Planeta y Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta a una fusión
forzada de Antena 3 y La Sexta para poder competir con el nuevo grupo,
aunque ninguna de las dos operaciones se ha desarrollado sin
contratiempos y aún hoy continúan generando todo tipo de controversias.
Pasarían dos años hasta que se anunciara la segunda gran fusión
televisiva. En diciembre de 2011 el Consejo extraordinario de Antena 3
aprobaba la fusión por absorción de La Sexta, en una operación de
aproximadamente 150 millones de euros y en la que La Sexta se quedaba
con el 7% del capital social del grupo resultante, un porcentaje
ampliable hasta el 14% si entre 2012 y 2016 se alcanzaban una serie de
objetivos en los resultados del nuevo conglomerado.
La operación ya se había intentado sin éxito durante 2010. Entonces,
la Sexta tenía el 13% del mercado publicitario, aunque con una tendencia
a la baja que se reflejaba en una caída, en el primer semestre de 2011,
de hasta un 11%. Además, en diciembre de 2009, se valoraba a Antena 3
en 1.680 millones, prácticamente su capitalización bursátil de entonces,
mientras año y medio después su valor bajaba a los 937 millones, un
44% inferior. Por otra parte, otro factor que les avocaba a intentarlo
de nuevo era la debilidad financiera de La Sexta y la presión de
Televisa, su socio mexicano con un 40% del capital, para que aceptaran
vender la compañía a Antena 3.
El Consejo de Ministros ratificaría la compra de la cadena de Gestora
de Inversiones Audiovisuales La Sexta por parte del grupo Planeta y el
caso quedaría en manos de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), que
lejos de bendecir la unión la puso en peligro al considerar que el
acuerdo vulneraba principios básicos relacionados con el mercado
publicitario, entre otros.
La fusión entre Antena 3 y La Sexta volvía a estar en peligro y el
gobierno decidía suavizar las condiciones impuestas por la (CNC)
eliminando la obligación a la entidad resultante de comercializar los
espacios publicitarios a través de sociedades diferentes, como hacen
Telecinco y Cuatro. Igualmente, se aumentaba al 22% (la CNC la
estableció en el 18%) la limitación de la audiencia semestral media
conjunta a las ofertas de publicidad televisiva de la entidad
resultante, empaquetando varios canales de televisión. Adicionalmente,
se modificaban las limitaciones al empaquetamiento y la prohibición de
vinculación en la comercialización de espacios publicitarios, y las
obligaciones de información a incluir en la oferta publicada de
productos publicitarios. Por último, el gobierno eliminaba las
condiciones sobre el proceso de negociación con anunciantes y agencias
de medios, sobre el mantenimiento de determinadas bases de datos y sobre
la negociación de las extraprimas, a la vez que se modificaba el plazo
de vigencia de las condiciones a las que se supeditaba la autorización
de la operación. Dicho plazo pasaba de cinco años a tres prorrogables de
otros dos. Todos los cambios afectaban a la facturación publicitaria y
tenían su relevancia dado que Antena 3 opera bajo el modelo de pauta
única, que consiste en emitir los mismos anuncios de forma simultánea en
todos los canales.
¿Para qué vale la Comisión de la competencia?
Si bien es cierto que la Ley contempla que el gobierno "puede
establecer variaciones" a las restricciones impuestas por al CNC "por
razones de interés general y el mantenimiento del pluralismo
informativo", pero sobre todo por el cumplimiento de la "liberación del
dividendo digital", la propia vicepresidenta, Sáenz de Santamaría,
justificaría la intermediación del gobierno "no por razones de
Competencia, sino por el momento particular del mercado audiovisual,
dado que la operación coincide con el proceso del dividendo digital y la
necesidad de reorganizar el espectro radioeléctrico que aconsejaba la
existencia de operadores de determinado tamaño que ayudara a este
tránsito y a la existencia de un pluralismo informativo". El argumento
no resulta especialmente sólido, pero es la explicación gubernamental y
era la primera vez que el gobierno ejercitaba dicho privilegio.
La realidad, en efecto, es que la CNC impuso restricciones más
severas a Antena3-La Sexta que a Telecinco-Cuatro, en lo referente a la
comercialización de la publicidad que Competencia justificó "porque se
ha juzgado un mercado distinto". El regulador y supervisor era sensible
al nuevo mapa audiovisual con dos gigantes televisivos que controlarían
el 85% del mercado publicitario y decidía endurecer las condiciones.
Telecinco, no sin cierta sorna, daba públicamente la enhorabuena a
Antena 3 por "su innegable capacidad para conseguir que el Gobierno
modifique unas condiciones impuestas por la Comisión Nacional de
Competencia".
La Sexta llegaba al segundo intento de fusión en condiciones mucho
peores de las que se pactaron dos años antes cuando se planteó la
integración que no llegó a concretarse con Antena 3. Dos años habían
llevado a la Sexta a un punto en que necesitaba la fusión con Antena 3,
al precio que fuera, mientras que la cadena de Plantea buscaba con
cierto apremio aumentar sus poderes para competir con Mediaset, tras la
integración entre Telecinco y Cuatro dos años antes.
La forma de actuar de la CNC no era nueva y se considera guiada por
un sentido estricto de ver las cosas, al estimar que la fusión podría
obstaculizar el mantenimiento de la competencia efectiva en varios
mercados del sector audiovisual español, ya que Mediaset y Planeta
podrían actuar de forma coordinada y su poder de negociación frente a
anunciantes o vendedores de contenidos audiovisuales, por ejemplo, se
podría ver reforzado frente a otros operadores de menor envergadura.
El nuevo grupo resultante de la fusión, que controla ocho canales de
la TDT (Antena 3, Nitro, Neox, Nova, La Sexta, La Sexta2, La Sexta3 y
GolTV), dominaría aproximadamente el 42% del mercado publicitario en
España, que unido al dominio del otro grupo fusionado con anterioridad
–Telecinco/Cuatro-, daba como resultado de facto un duopolio
publicitario que acapararía el 85% de la facturación publicitaria de la
televisión.
Lo cierto es que las condiciones de la CNC ponían en peligro la
fusión en un momento en que la situación financiera de ambos operadores
estaba llegando a un punto de debilidad más que preocupante. El dueño
de Planeta se revolvió contra la decisión de Competencia, demostrando el
poder que sigue teniendo el propietario de un grupo periodístico en
España. Finalmente, el Consejo de Ministros decidía intervenir
autorizando la fusión tras haberse cumplido el plazo propuesto, que
expiraba en marzo, y desautorizando a la Comisión Nacional de la
Competencia, en una decisión que sería bueno que se explicara a fondo
con objeto de despejar las dudas sobre un posible acuerdo de Lara con el
gobierno, según el cual, la línea editorial e informativa de la Sexta
se habría convertido en la moneda de cambio ofrecida por el presidente
de Planeta al gobierno del PP para desbloquear la fusión.
Precisamente, la CNC se convirtió también dos años antes en
protagonista indeseado de la fusión entre Telecinco y Cuatro, al abrir
un expediente sancionador contra la cadena de Mediaset, al no haber
entregado esta el plan de actuaciones y el calendario de la fusión con
Cuatro, lo que supuso al operador italiano una multa por un valor de 3,6
millones de euros. La Comisión estimó que los documentos no entregados
se consideraban básicos, ya que la fusión generaba "una reducción de la
competencia efectiva en varios de los mercados afectados por la
operación, por lo que la misma no podría ser autorizada sin el
compromiso de Telecinco de tomar las medidas necesarias para restablecer
las condiciones de competencia que la operación alteraba". Todas esas
medidas debían plasmarse en los documentos que no se entregaron en el
plazo establecido por el organismo regulador de la competencia. En
resumen, lo que la CNC exigía a Mediaset era el compromiso de no vender
mediante un mismo paquete comercial la publicidad de los dos canales de
televisión en abierto de mayor audiencia que gestionaba, así como su
compromiso de no desarrollar políticas de venta vinculada a los
anunciantes de sus distintos paquetes comerciales.
El pluralismo es cosa de dos
Con todos estos ingredientes, el panorama no puede ser más desolador.
Mediaset, con sus siete canales y con dos años de ventaja, se ha
convertido en indiscutible líder del panorama televisivo, mientras que
Antena 3 y La Sexta inician un proceso que se prevé largo y duro en
plena recesión económica. Por su parte, las públicas en franco
retroceso, con recortes presupuestarios y una privatización incierta en
un horizonte cercano.
El duopolio del que se salía, ha retornado y aceptando como axioma
irrefutable según el cual no existe relación simétrica entre aumento de
la concentración y reducción del pluralismo o descenso de los niveles de
competencia razonables, la fusión por absorción de la Sexta por parte
de Antena 3, cierra un ciclo lleno de contradicciones en el sector
televisivo español, producto de una connivencia más que criticable entre
gobierno y grupos periodísticos. La fusión introduce al sector en una
peligrosa senda oligopolística, cuyo incontestable reflejo se plasma en
el mundo de la publicidad, en donde queda meridianamente clara la
posición dominante de Antena 3 y Tele 5.
Desde que el gobierno de Rodríguez Zapatero, debido a las presiones
de los grandes grupos mediáticos, aprobara en 2005 el Plan Técnico y el
Reglamento para la prestación del servicio de TDT y con ello la
aparición de múltiples canales de TV, el mapa televisivo español ha
vivido tiempos convulsos que se supone terminan con esta última fusión.
Durante ese periodo, el gobierno de la nación se ha visto obligado a
aprobar una serie de medidas liberalizadoras urgentes que permitieran
recuperar el pulso a un sector ahogado por unos costes insoportables y
que habían puesto al borde de la quiebra a los mismos que años antes
habían presionado para que España fuera uno de los primeros países
europeos en poner en funcionamiento un deficiente sistema de TDT.
Aunque hay quien considera que el pluralismo televisivo en España en
materia informativa pueda no estar en peligro, quien así lo hace peca de
un cierto infantilismo en la medida en que esa afirmación no puede
extenderse al aspecto publicitario, en donde la concentración va a
alcanzar niveles superiores incluso a la Italia de Berlusconi y ahí
reside, en definitiva, la fuerza para terminar convirtiéndose en el rey
del mambo del sector de la televisión en España, pluralismo informativo
incluido.
Así lo han denunciado las asociaciones de anunciantes al calificar de
"alarmante" el proceso de concentración y afirmar que a partir de ahora
dos grandes grupos controlarán el 85% del mercado. En Alemania el grado
de concentración es del 74%, en Francia del 59%, en el Reino Unido del
66% y en Italia del 85 %.
No les falta razón a los anunciantes españoles. Tras la fusión de
Telecinco con la Cuatro, Publiespaña, gestora de medios o agencia de
publicidad del grupo italiano Mediaset, se situaba en posición dominante
al convertirse en "exclusivista" del mercado publicitario del
macrogrupo televisivo italiano. Con la absorción de la Sexta por
Antena3, ocurre algo similar, ya que la publicidad de la macro cadena
resultante va a pasar a ser gestionada por Atres Advertising, la
comercializadora publicitaria de todos los soportes del Grupo Antena 3,
al agregar a su cuenta de resultados la facturación de Publiseis, la
agencia de publicidad de la cadena de Roures. A todo ello, hay que unir
que Atres Advertising es la agencia que gestiona en exclusiva, entre
otros, la publicidad del canal de televisión de Unedisa, Veo7. A partir
de ahí, quien controla la publicidad controla los contenidos y la
competencia se ve reducida a la mínima expresión como consecuencia del
oligopolio montado y bendecido.
Los interrogantes se repiten: ¿Es esta la televisión deseada tras la
burbuja de la TDT? ¿Han valido la pena los miles de millones gastados en
el apagón analógico y los que restan para resintonizar por el dividendo
digital? ¿Quién gana con ese dividendo? ¿Pueden ser malvendidas las
televisiones autonómicas tras tanto dinero público invertido? ¿Es un
mercado dominado por Mediaset y Planeta con más de la mitad de la
audiencia y 8,5 euros de cada diez de publicidad, lo mejor para
anunciantes y consumidores? ¿Dónde está la promesa de la televisión
híbrida con internet? ¿Sobrevivirán los canales temáticos nacionales,
autonómicos y locales?
Las respuestas no llegan y con ello se multiplican las dudas de
quienes sostienen que el pluralismo de la más poderosa herramienta de
comunicación existente está en serio peligro de extinción y que la
diversidad en la información como en la naturaleza debe ser un
patrimonio a defender por los poderes públicos.
No resulta arriesgado afirmar que en España hoy el pluralismo
informativo ha dado un paso atrás, posiblemente como consecuencia de la
crisis económica, pero también por falta de una planificación rigurosa y
por una complicidad latente entre poder político y poder mediático.
Los resultados no se alejan mucho de los estándares conocidos en este
tipo de situaciones de concentración oligopólistica de la propiedad de
los medios.
Por eso, en ningún caso se incurre en la demagógica cuando se habla
de falta de diversidad y pluralismo, de monopolización ideológica, de
disminución de la oferta cultural, política y social, de distorsión de
la realidad, de trivialización de la política, de subordinación de los
medios al poder económico o de exclusión ciudadana.
¿Quién nos defiende?
Fuente: PR
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